Es mi deber alzar la voz y exponer una realidad indignante que ha persistido en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Me refiero a la llamada "Defensoría de los Derechos Universitarios", un organismo que, lejos de cumplir su supuesto propósito, parece ser otro engranaje del sistema que responde únicamente a los intereses de la Rectoría General. Mi experiencia personal y la de muchos otros han dejado claro que esta entidad no es más que un mecanismo superficial para atenuar quejas y desviar la atención de los verdaderos problemas.
La Defensoría de Derechos Universitarios, en lugar de ser un refugio para aquellos que buscan justicia y equidad, parece haber caído en manos de la burocracia y la inercia. A pesar de su nombre, carece de la voluntad genuina de investigar y abordar los asuntos con la seriedad que merecen. En mi experiencia, he visto cómo las quejas y denuncias que se presentan ante esta entidad son simplemente interceptadas y archivadas sin ningún tipo de acción significativa.
Una práctica alarmante es la manera en que las quejas llegan a la Defensoría, solo para ser posteriormente canalizadas hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el propio rector general. Esto parece ser un intento de desviar la atención y diluir la gravedad de los problemas, creando una apariencia de que las preocupaciones están siendo atendidas cuando en realidad no se está haciendo nada sustancial.
Es particularmente frustrante ver cómo las quejas que involucran violaciones flagrantes de derechos, acosos y abusos de poder quedan en un limbo de inacción. No se realizan investigaciones adecuadas ni se toman medidas correctivas para abordar las situaciones que han provocado la necesidad de recurrir a la Defensoría en primer lugar.
La falta de transparencia y la ausencia de resultados concretos socavan la confianza en esta institución, dejando a la comunidad universitaria vulnerable e impotente ante la injusticia. La Defensoría de los Derechos Universitarios debería ser un bastión de esperanza y acción, pero en lugar de eso, parece ser un recordatorio doloroso de la ineficacia y la falta de voluntad para abordar las preocupaciones legítimas de los estudiantes, profesores y personal administrativo.
Exhorto a las autoridades de la UAM a repensar seriamente el propósito y la eficacia de la Defensoría de Derechos Universitarios. La comunidad académica merece un organismo genuino que se comprometa a abordar las violaciones de derechos y las injusticias de manera justa y transparente. La equidad y la justicia deben ser los pilares sobre los que se construye la educación superior, y es responsabilidad de la UAM asegurar que esto se cumpla en todos los niveles de su funcionamiento.
